 La Liga Árabe criticó fuertemente la decisión de Moreno Ocampo. |
Los cancilleres de la Liga Árabe dijeron el sábado en una reunión de emergencia que acordaron un plan de acción para apaciguar la crisis entre Sudán y la Corte Penal Internacional (CPI), luego de criticar fuertemente la decisión del fiscal de solicitar el arresto del presidente del país africano.
Se reunieron en El Cairo, Egipto, después de que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, diera a conocer su decisión en contra de Omar al-Bashir por cargos de crímenes de guerra y genocidio en la región sudanesa de Darfur.
"El concilio opta por la solidaridad con la República de Sudán para afrontar esquemas que socavan su soberanía, unidad y estabilidad, y en la no aceptación de una posición que no es objetiva ni equilibrada del fiscal general de la Corte Penal Internacional", expresaron en una resolución al final del encuentro.
Los ministros de las 22 naciones que componen la Liga Árabe señalaron también que la determinación de la CPI deja un precedente peligroso.
El secretario general de la Liga, Amr Moussa, indicó que viajará a Sudán este domingo para discutir el plan, aunque se negó a develar los detalles al final de la reunión.
Moussa sugirió que los árabes trabajen de cerca con la Unión Africana (UA) y con Naciones Unidas (ONU) para proteger el proceso de paz en Sudán.
"Campaña genocida"
Anteriormente, Argelia había pedido a las otras naciones árabes que presionen al Consejo de Seguridad de la ONU para que detenga la orden de arresto contra el presidente de Sudán.
 Moussa viajará a Sudán este domingo para discutir el plan. |
A su vez, Sudán pidió a China, Rusia, la Liga Árabe y la Unión Africana que la ayuden a conseguir una resolución del Consejo de Seguridad que suspenda la orden de arresto por 12 meses.
El fiscal de la CPI, Moreno Ocampo, había solicitado el arresto de Bashir bajo la sospecha de ser el autor intelectual de crímenes contra la humanidad en la atribulada región de Darfur.
El fiscal acusa a Bashir de llevar a cabo una campaña genocida que mató a 25.000 personas directamente, de matar a otras 100.000 a través de una "muerte lenta" y de forzar a 25 millones a abandonar sus hogares en Darfur.
 |  | Javier Farje BBC Mundo |
 Santa Cruz es un foco de conflicto que puede llegar a afectar la dinámica regional. |
Pero no sólo se trata de una consecuencia de carácter puntualmente gasógeno.
El referendo autonómico que llevará a cabo este fin de semana Santa Cruz y sus posibles ramificaciones puede convertirse en un elemento de desestabilización a nivel regional.
En términos comerciales, la industria brasileña y los hogares argentinos podrían convertirse en víctimas del desabastecimiento.
Más de la mitad del gas que importa Brasil viene de Bolivia.
En el caso de Argentina, aunque este país importa menos de 10% de su suministro de gas, la llegada del invierno podría obligarlo a usar sus propias reservas, algo que el gobierno de Cristina Fernández quiere evitar a toda costa, ya que se están agotando.
 La fatla de abastecimiento del gas boliviano podría afectar a Brasil y Argentina. |
Y la mayor parte del gas boliviano provienen de las regiones que reclaman al gobierno la instauración de un régimen de autonomías: Santa Cruz y Tarija.
Pero el tema no es sólo energético. Según dijo a BBC Mundo el analista boliviano Winston Moore, de la empresa consultora Moore Asociados, las consecuencias regionales también hay que medirlas en términos de la emigración creada por una posible crisis política que derive en violencia.
Es este escenario el que más temen los países vecinos. De hecho, hace varios meses la cancillería argentina comisionó un estudio para determinar el posible impacto de un eventual conflicto en Bolivia.
Según las conclusiones de dicho estudio, "un mínimo de 600 mil y un valor máximo prudente de 1 millón de potenciales refugiados" se desplazaría a Argentina, y "el costo de mantener estos refugiados va desde un mínimo de US$438 millones anuales a un máximo de US$730 millones".
En términos políticos, el referendo para validar un estatuto autonómico previsto para este fin de semana en Santa Cruz también podría tener sus consencuencias.
El proyecto ideológico del Presidente Hugo Chávez, un aliado firme del presidente Evo Morales, podría sufrir un temblor con proyecciones de terremoto.
 Evo Morales ha obtenido el apoyo de Hugo Chávez en su disputa con Santa Cruz. |
De ahí que la reunión del ALBA del fin de semana fue de alto nivel, con dimensiones de cumbre presidencial.
Y es que la solidez del plan de Chávez depende en gran parte de la estabilidad de los países que participan en él.
"El proyecto (ideológico) de Hugo Chávez se ha expandido en los últimos años. Si lo de Bolivia se desbarrancara, que es una posibilidad, la viabilidad de esa alternativa como proyecto regional está en cuestión", dijo a BBC Mundo el profesor Luis Pasará, del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
"Lo que puede servir como elemento ilustrativo, del cual hay que alejarse, es que esa extrema polarización que ha propiciado el gobierno de Evo Morales, más o menos bajo el patrón de Hugo Chávez, no lleva a ningún sitio" dice Pásara.
Al mismo tiempo, la polarización boliviana es vista con una preocupación silenciosa pero genuina en Ecuador. Según Pásara, a la clase gobernante ecuatoriana le está sirviendo la lección boliviana para evitar caer en la misma crisis.
Un poco más cerca, otros dos vecinos de Bolivia, Perú y Chile, también miran con atención la crisis.
En Chile, el recientemente acercamiento con el gobierno boliviano puede verse nuevamente frustrado si la crisis política se agudiza.
Tal vez como reflejo de la preocupación regional, la Organización de los Estados Americanos está buscando ayudar y emitió el padado fin de semana una firme muestra de solidaridad al gobierno de Evo Morales exigiendo a los gobernadores regionales que busquen el diálogo.
Sin embargo, todavía hay que ver si este esfuerzo logra su efecto, mientras la región mira ansiosa los acontecimientos en un país que, en más de una ocasión, ha producido ondas de shock en la región.
 | | Cristina Tardáguila Río de Janeiro |
Desde que asumió el comando de la misión de paz de la ONU en Haití y apaciguó el problemático barrio de Cité Soleil, en la capital Puerto Príncipe, el Ejército de Brasil cosecha elogios en la comunidad internacional.
Pero, en territorio brasileño, la institución armada enfrenta críticas sin precedentes desde que se restauró la democracia en 1985.
El brillo que los militares han ganado en misiones de paz en el extranjero se ve oscurecido por operativos que en el país generan condena. En junio pasado, en Río de Janeiro, tuvo lugar uno de los casos que más rechazo han causado.
Once de los 200 militares que vigilaban la realización de obras públicas en un barrio marginal controlado por narcotraficantes en la ciudad confesaron su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes.
|  El Ejército brasileño ha tenido éxito en su misión de controlar Ciudad Soleil, uno de los barrios más peligrosos de Puerto Príncipe. |
Entre los once militares encarcelados por el asesinato de los tres jóvenes, está un oficial: el teniente Vinicius Ghidetti de Andrade Moraes, de 25 años de edad.
Tras arrestar por desacato a los jóvenes, los entregaron a los delincuentes locales para que recibiesen una especie de castigo.
Esa noche los tres detenidos, que se suponía estaban bajo custodia de los militares, fueron brutalmente asesinados por los narcotraficantes.
La justicia todavía investiga si los delincuentes ofrecieron a los militares cerca de US$12.000 por cada joven que, según se dice, serían miembros de una facción rival en el narcotráfico.
Supuestamente, si nada hubiese salido a la luz, el dinero habría sido repartido horas después del crimen.
Mezcla de errores
El caso abrió un debate en el país: ¿por qué el ejército que tiene éxito en Haití fracasa en una tarea aparentemente más sencilla en casa?
 Un carro blindado del Ejército brasileño recorre las calles de Cité Soleil, Puerto Príncipe. |
"En Río, pusieron al Ejército, armado, a vigilar obras sin la libertad de acción de la policía. Además, no le ofrecieron ningún entrenamiento específico", afirmó.
Según dijo, mientras los militares que van a Haití se entrenan 24 horas al día a lo largo de seis meses antes de embarcar, aprenden a usar técnicas de combate callejero y a disparar con precisión, los que se quedan en el país sólo disponen de dos horas de entrenamiento diario muy general.
"Asimismo, muchos de los militares brasileños tienen orígenes humildes. Muchos nacieron o viven en barrios marginales. Son personas que no tienen el distanciamiento psicológico necesario para trabajar en esos lugares. En Haití, es diferente. Todos son extranjeros y nadie conoce a nadie", añadió.
Diferencias
En la opinión del coronel retirado Cláudio Barroso Magno Filho, que comandó más de 1.000 hombres en Haití entre 2006 y 2007, la respuesta también está en el momento político de los dos escenarios.
"Mientras en Haití todos están del mismo lado y quieren una solución enérgica y de combate para erradicar a los delincuentes, en Río no hay una convergencia de esfuerzos", afirmó.
"Hay momentos en los que la policía carioca parece oponerse al ejército, rezar para que todo le salga mal. Los gobernantes, por su parte, no quieren asumir la responsabilidad de optar por acciones más drásticas a favor de la seguridad", puntualizó.
Obras
Sin embargo, la principal diferencia entre el desempeño del ejército brasileño dentro y fuera del país parece ser la estrategia conocida en el ámbito militar como ingeniería social.
|  Puede que los militares hayan interpretado el desacato de los jóvenes como un desacato al país, lo que supuestamente justificaría un duro castigo. Un absurdo  Wadih Damous, presidente del Gremio de Abogados en Río de Janeiro |
"En Río, el Ejército se limitó a las obras. En lugar de obtener un avance paulatino, generó un gran rechazo popular", señaló el oficial, que apaciguó el barrio más peligroso de Haití con seis operaciones.
"No se puede olvidar que seguramente la tropa en Río también estaba desmotivada y subordinada a un teniente mal orientado", subrayó.
Corrupción
El Gremio de Abogados de Brasil en Río de Janeiro (OAB-RJ), que se destacó por sus declaraciones de repulsa a la actuación de los militares, indicó, a su vez, otros tres motivos para el fracaso del Ejército en la ciudad.
El primero es fruto de la ideología enseñada en los cuarteles, la de que el Ejército existe para defender a la patria y que cualquiera que ataque a la entidad ataca a la nación.
"Puede que los militares hayan interpretado el desacato de los jóvenes como un desacato al país, lo que supuestamente justificaría un duro castigo. Un absurdo", afirmó Wadih Damous, presidente de la OAB-RJ.
"En Haití, también hay un relevo frecuente de tropas. En Río, desgraciadamente, el soldado convive demasiado tiempo en la zona de actuación y se involucra con su gente. Este podría ser otro motivo", destacó.
Por último, concluyó Damous, en Haití, al ser una misión de la ONU, hay una fiscalización más grande de las tropas y mucho menos espacio para la corrupción.
"Aquí, el crimen lo corrompe todo".
Chile: Tenemos problemas
Por Álvaro Bardón
El Mercurio
Desde 1986, Chile creció con evidente vigor, algo que se mantuvo hasta 1998. Eso ocurrió a partir de los cambios de los años 80, luego de la crisis mundial de la deuda.
Como es natural, esta crisis fue denunciada en Chile como algo único y propio -otro fracaso de la dictadura-, hasta que la historia mostró que la década de 1980 debía finalmente reconocerse como "perdida para América Latina" -aunque no para Chile.
El fuerte crecimiento nacional entre 1977 y 1981 -ignorado sistemáticamente por la izquierda- entró en crisis con el alza del petróleo de los años 80.
La sabiduría del gobierno de Aylwin, completamente continuista en lo económico, duró hasta la recesión "básicamente criolla" de fines de los 90, de la que nunca nos liberamos. Es así como en los últimos 12 años, poco más o menos, todo se mediocrizó, hasta hoy. Es verdad que ya no se cometen los errores monumentales de antes, pero los de ahora ahí están: tenemos un crecimiento que es entre la mitad y poco más (o menos) que el de los buenos años de antes de la crisis del petróleo y de la deuda, que junto a la crisis política de los inicios de los años 70 nos hicieran puré. Hoy no estamos para un puré, pero el olor a papa cocida y desabrida ya se percibe. ¿Qué pasó? ¡El clásico socialismo demagógico, pues compañero!
Por supuesto que tenemos problemas y, quizás, el más importante sea el pésimo uso de los impuestos y los recursos fiscales. Yo creo que esto es lo que ha reducido la tasa de crecimiento del producto y del empleo. ¿Qué habría pasado con esos miles de millones si no se los hubiera dilapidado en el Transanlagos o en los ferrocarriles estatales? ¿Qué puede estar ocurriendo con los enormes recursos de Enap, en el tradicional ambiente de administración pobre? ¿O con las platas públicas de decenas de empresas del Estado, mientras suben y suben los aportes que nos sacan de los bolsillos año a año?
Las platas para la educación y la salud se multiplican por tres y por cuatro, pero ¿hay algún mejoramiento en calidad y cantidad?
Y nadie protesta, porque "nosotros", los distinguidos académicos, intelectuales y políticos, somos los primeros de la lista en esta elegante repartición.
Hay quienes dicen que Bachelet es la culpable, porque no sabe nada de economía y no se mete. Le importarían otras cosas más modernas y valóricas. Creo que nada de eso: ella es "popular", pero sabe bien lo que está haciendo. Es como Ricardo Lagos, que también supo en qué malgastar nuestra plata: Ferrocarriles del Sur, Transantiago, puente de Chacao, MOP-Gate y tantas otras inversiones estatales. Todo esto viene ocurriendo hace largo tiempo, pero lo que parece haberse agudizado en los últimos años es lo olímpico de las decisiones políticas, en particular algunas como los "sobres brujos". ¿Y qué pasó? ¡Nada!
Espero tener salud para denunciar las desapariciones de platas públicas en los últimos años. Habría que obligarlos a devolver, al menos, la mitad de ellas. ¿Qué tal si los excesos de platas fiscales, como los del cobre de ahora o los de la segunda mitad de los años 60, se repartieran instantáneamente entre todos los chilenos, en vez de arrojarlos en agujeros negros, como es lo clásico? En una de ésas, sin trabajar más -algo que preocuparía a los estatistas-, seríamos ricos.
Colombia: ¿Dolarización?
Por Mauricio Reina
Portafolio
En estos días se ha reavivado el debate sobre la dolarización. La idea ha agarrado tanto vuelo, que será uno de los primeros temas económicos que se discutirán en la legislatura que arranca el próximo domingo.
Los promotores de la idea afirman que su propósito es hacer frente a la revaluación y la inflación. La lógica parece ser simple. Si parte de los dólares que recibe la economía no se convirtiera en pesos, se reduciría la oferta de divisas en el mercado cambiario y se impulsaría un aumento de la tasa de cambio. Por otro lado, una menor monetización de las divisas atenuaría la expansión monetaria en momentos en que la inflación no da muestras de ceder. Luchar contra la revaluación y la inflación constituye un propósito más que encomiable, pero hay que recordar que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Por eso, conviene hacer algunas precisiones antes de que la criatura se convierta en Frankenstein.
Empecemos por recordar que la dolarización consiste en reemplazar de manera parcial o total la moneda de un país por el dólar. En el primer caso, solo una parte de las transacciones de la economía podrían hacerse en dólares, mientras que en el segundo caso se trataría de una sustitución plena de la moneda. Las propuestas que se discuten en estos días en el país corresponden al primer caso.
Un proceso de dolarización tendría costos significativos. El más importante consistiría en que el Banco Central perdería la capacidad de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, pues parte de las transacciones se harían en dólares, lo que equivaldría a sacrificar el uso de la política monetaria. Al lado de tamaño sacrificio hay otros costos que vale la pena mencionar, como la mayor vulnerabilidad a las oscilaciones cambiarias de los hogares y las empresas que ganan en una moneda y gastan en otra, o las ine- ficiencias de tener que hacer cuentas y transacciones en ambas monedas.
Un país puede darse el lujo de dolarizar cuando los beneficios potenciales son más grandes que esos costos, y eso solo sucede bajo circunstancias especiales. La mayoría de los procesos de dolarización en el mundo se han iniciado cuando los agentes económicos han percibido que el dólar tiene grandes ventajas frente a la moneda local como depósito de valor y medio de cambio. Ese suele ser el caso de economías que han sufrido procesos de hiperinflación en que la pérdida de valor de la moneda doméstica es tan grande que la gente prefiere hacer sus transacciones en dólares. La situación se agrava si en ese entorno de desvalorización de la moneda local el sistema financiero no ofrece opciones atractivas de ahorro: la alternativa es el viejo truco de los dólares debajo del colchón. Cuando se presentan estas circunstancias, la dolarización se convierte en un ancla valiosa para estabilizar la economía y detener los procesos hiperinflacionarios.
Teniendo en cuenta que la economía colombiana no tiene semejantes rasgos de inestabilidad, los costos de una dolarización serían mucho mayores que sus potenciales beneficios. Ahora bien: si lo que buscan los promotores de la dolarización es evitar que parte de las divisas que recibe el país entren a la economía, lo más recomendable es profundizar el uso de mecanismos ya probados, como los fondos de ahorro de divisas en el exterior (como el Faep), el prepago de deuda externa o variantes de esos instrumentos. Además, está claro que la mejor política contra la revaluación y la inflación es un gran ajuste fiscal, y para hacerlo lo único que se requiere es voluntad política.
TLC: Perú y Colombia por caminos diferentes
Por Rudolf Hommes
El Tiempo, Bogotá
Cuando comenzaron las negociaciones para el TLC con los Estados Unidos, Colombia parecía ser la contraparte más importante, a la que se le sumó Perú, país al que en ese momento le pararon menos bolas. Pero Perú nos salió general: logró un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y esta semana obtuvo de Standard and Poor's la clasificación de grado de inversión para su deuda soberana. Tanto Toledo como Alan García y sus equipos económicos deben sentirse justamente orgullosos de haber recorrido exitosamente esos dos caminos, el del TLC y reducir el costo de capital para el gobierno y los empresarios del Perú. Son el fruto de políticas económicas sensatas, consistentes, impopulares en alguna medida, y de muy buena suerte.
Alan García culmina con esto un cambio de 180 grados en su visión y en su política económica, y Toledo recibe un reconocimiento tardío por políticas que, como él decía con mucha resignación, despertaban mucho entusiasmo en Wall Street y en los círculos económicos profesionales pero muy poco interés en Arequipa. Sus niveles de popularidad como presidente estuvieron mucho tiempo por debajo del 20 por ciento, y tal vez alcanzaron a ser de un dígito ocasionalmente, pero la economía de Perú salió adelante y con mucho vigor.
Mientras tanto, aquí en el trópico húmedo, a pesar de estar a 2.600 metros de altura, el principal diario de la capital destaca en primera página y a varias columnas que se va a dolarizar la economía por iniciativa de un senador antioqueño gobiernista, afiliado a un partido político conocido por razones que nada tienen que ver con la economía legal. El mismo artículo anuncia que si no logra que el Congreso nos dolarice, podría hacer instituir un régimen de cohabitación del peso con el dólar, idea que fracasó precisamente en Perú durante el primer gobierno de Alan García.
Llama la atención este despliegue cuando en este mismo diario, hace poco, la desaceleración de la economía, el pobre desempeño del sector industrial y las advertencias que hizo al respecto el presidente de la Andi no calificaron sino para una nota marginal en una página interior. No deja de ser sintomático de lo que pasa en el país y por qué el Perú tiene TLC y calificación de grado de inversión. Colombia perdió esta última en la segunda parte de los años 90 y dejó pasar la oportunidad de haber firmado un TLC con dignidad. Cuando Colombia obtuvo calificación de grado de inversión para su deuda soberana antes que México, Brasil o la Argentina de Menem I, la clase empresarial colombiana y los dirigentes políticos no entendieron que se trataba de un gran privilegio y de una ventaja comparativa en el continente, como sucedió con el TLC, y permitieran que predominaran las malas políticas que dieron lugar al derrumbe de la economía y a la caída vertiginosa del valor de sus activos. El contraste con Perú es evidente, pues los cacaos de allá sostuvieron a un presidente impopular, pero responsable para no perder lo que se había logrado en el frente económico.
La calificación de grado de inversión equivale a una certificación de buenas prácticas económicas y se otorga con base en indicadores del desempeño de la economía, de su grado de apertura y de su solvencia (Peter Rowland, Determinants of Spread, Credit Ratings and Creditworthiness for Emerging Market Sovereign Debt, Banco de la República, Colombia). Permite que inversionistas institucionales muy grandes inviertan en títulos de deuda del país, mientras les está vedado invertir en los que no poseen esa calificación. Esto hace que el mercado para los primeros sea mucho más líquido y que las opciones de financiación sean más diversificadas y mejores. Los empresarios de Perú van a tener mejores opciones de financiamiento externo que los colombianos, aunque las diferencias en los costos financieros para los gobiernos sean muy marginales (alrededor de medio punto porcentual), pero valen mucha plata.
Cristina, como si viviera en otro país
Por Joaquín Morales Solá
La Nación
El peronismo perdona hasta la traición, pero no la derrota. Néstor Kirchner se convirtió ayer, para el peronismo, en el cuerpo y el alma de una estrategia derrotada. Un ciclo político languidecía sin remedio y le dejaba a la Presidenta una sola puerta hacia la reconstrucción de su deteriorado liderazgo. Esa salida consistía en un cambio fundamental y profundo de ministros, de formas y de políticas.
Ya fue grave, de todos modos, el abrumador silencio del Gobierno sobre el fracaso parlamentario, que duró todo el día de ayer; pero más grave fue oír a una presidenta que, en la noche del Chaco, parecía vivir en otro país y en otro mundo.
Julio Cobos no volteó a Néstor Kirchner, pero desarticuló una arquitectura de poder que ya mucho antes hacía agua por todos lados. Kirchner fue el político de los tiempos fugaces de las asambleas barriales, de cierta épica nacionalista tras el colapso argentino y de políticas más propiciadoras de quebrantos que de uniones. Nunca fue un líder para la normalidad ni la República estuvo en su cabeza ni en su formación.
Luego, el ex presidente chocó frontalmente con una inmensa mayoría social cuando se hizo evidente que pone más énfasis en la ideología y en el asambleísmo que en la gestión y en la normalidad. El peor error de los cinco años del kirchnerismo es, precisamente, la mala gestión de las cosas más comunes de la administración. Kirchner perdió la sociedad antes que cualquier otra cosa. El campo fue la expresión genuina de un hastío ampliamente compartido.
Comparte con Cristina Kirchner un sistema de poder según el cual todo (reorganizar la economía, respetar las instituciones, construir una cultura política más sofisticada) se resuelve en un campo de batalla. Esa lógica los abatió.
Dos derrotas en apenas 24 horas es una carga demasiada abrumadora para cualquier político. Las dos fueron innecesarias. La primera ocurrió en Palermo, en el Monumento de los Españoles, cuando un gentío vasto y policromo duplicó por lejos la manifestación del aparato peronista en la plaza del Congreso. La segunda derrota no fue el desempate de Cobos, sino el empate previo al que había llegado un cuerpo parlamentario donde el kirchnerismo se ufanaba, hasta hace pocos días, de rozar los dos tercios propios de los votos.
El punto de inflexión fue una especie de rebelión del maltrato. En el Senado las cosas hubieran sido más amables para el oficialismo si el proyecto sobre las retenciones no hubiese llegado tan débil de la Cámara de Diputados. La primera puerta de la sublevación de los diputados la abrió Felipe Solá, el ex gobernador bonaerense que les hizo importantes favores políticos a los Kirchner y que los Kirchner olvidaron rápidamente. El tiro de gracia se lo dio en el Senado el vicepresidente Cobos, a quien el oficialismo destrató de tal manera en los últimos tiempos que hasta le negó públicamente el derecho a hablar y a opinar.
Cobos y Solá pertenecían al espacio político del kirchnerismo, pero fueron víctimas del maltrato habitual del matrimonio presidencial. Muchos senadores que se fueron del kirchnerismo a la hora de votar lo hicieron también en nombre de viejos desdenes recibidos. Otro hombre fundamental para provocar la sorpresiva derrota del Senado, Carlos Reutemann, arrastraba de igual modo varios desplantes del kirchnerismo.
Dos ex presidentes de la Nación (Carlos Menem, aquejado de una neumonía de espanto, y Adolfo Rodríguez Saá, con una oratoria capaz de desestabilizar a cualquier peronista) y cinco ex gobernadores (el santafecino Reutemann, el salteño Juan Carlos Romero, el pampeano Rubén Marín, el chaqueño Roy Nikisch y el rionegrino Pablo Verani) votaron en contra del proyecto oficial. La mayoría de ellos son peronistas, salvo Nikisch y Verani. La historia tiene un peso en la política más allá de las indiferencias y de las irreverencias de los actuales dirigentes.
El Gobierno careció de funcionarios y de legisladores para una defensa convincente de su posición. Es probable que la posibilidad de esa defensa no haya existido nunca. Sea como fuera, el Gobierno fue un modelo de dispersión. Legisladores oficialistas que no querían votar por el proyecto oficial. Ministros que visitaban carpas en lugar de gestionar el conflicto o facilitar la votación parlamentaria. Muchos de ellos actuaron como lo hacen siempre los cortesanos: no quieren hacer ni dejan hacer.
Un problema imprevisto de los Kirchner consistió en comprobar que Cobos es distinto del resto de los políticos, tal vez porque no viene de la política, sino de la universidad. En la tarde de anteayer, a eso de las 16, el vicepresidente hizo llamar a su familia a su despacho (su esposa y sus dos hijas) y reflexionó con ella su decisión final. "Sólo le faltaba un cura", calzó un peronista resentido, que argumentaba que "un hombre de Estado debe decidir con otros principios". No son los principios de Cobos.
A partir de ese momento, ninguna presión logró perforar a Cobos. Ni siquiera los senadores kirchneristas que le pidieron la renuncia pudieron conmoverlo. Algunos lo presionaron de modo amable, pidiéndole que dimitiera luego del desempate, y otros lo hicieron de mala manera, exigiéndole a Cobos que se fuera antes de votar. A las cuatro de la madrugada del jueves, poco antes de votar, apagó su celular y ya ni Alberto Fernández pudo seguir con sus intentos de convencerlo de que se volcara hacia el oficialismo. "Ahora habrá que cuidarlo y defenderlo", advirtió ayer el senador radical Ernesto Sanz, un viejo adversario de Cobos en Mendoza.
¿Por qué cuidarlo? ¿Qué riesgo corre el vicepresidente? La reconstrucción del estropeado liderazgo presidencial requiere, más que cualquier otra cosa, de una reconciliación entre Cristina Kirchner y Cobos. Se sabe que para los Kirchner la venganza es casi una adicción, pero esos placeres pertenecen a una época que concluyó.
Debe aparecer cuanto antes un gobierno de la Presidenta; el que tiene está demasiado manchado por la impronta perdidosa de su esposo. Casi todos los ministros y los secretarios más importantes han concluido políticamente en la madrugada de ayer. ¿Puede imaginarse un futuro gobierno de Cristina Kirchner con las presencias de Julio De Vido, de Guillermo Moreno y de Ricardo Jaime? ¿Podría liderar la restitución de la confianza social en la economía un ministro como Carlos Fernández, célebre por su grisura? Quizás ha llegado el momento de que Alberto Fernández cumpla su viejo plan de renunciar para desestabilizar al viejo y marchito gabinete.
La Presidenta debería demostrar que la continuidad no carece de cambios y retornar la saludable práctica de reunir de vez en cuando al gabinete. Debería, en fin, dejar atrás la era del atril y convocar a conferencias de prensa, en las que ella sabe moverse con experiencia. Para hacer todo eso tendría que poner en práctica una vieja lección de la política: un servidor de los hechos se somete a ellos. La otra alternativa que le queda es la insistencia en el fracaso y, por lo tanto, un insoportable tiempo de decadencias y ocasos.
Misión incumplida
El Instituto Independiente
Washington, DC—Durante años, los simpatizantes del mandatario venezolano Hugo Chávez han ensalzado sus programas de asistencia social o “misiones” como ejemplos de justicia social. Un reciente estudio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales pone al descubierto que todo es un mito.
Los autores, Yolanda D'Elia y Luis Francisco Cabezas, no son adversarios ideológicos encarnizados del gobierno. Ni siquiera cuestionan la necesidad de que el Estado cuente con programas asistenciales. Se limitan a trazar la historia de las misiones y comparar los resultados con los objetivos. La conclusión es demoledora.
Las misiones fueron creadas en 2003, a los cinco años de iniciado el gobierno de Chávez, con un fin político rotundo: ganar el referéndum revocatorio. En la Academia Militar de Venezuela, el Presidente explicó que en un momento de desesperación había pedido ayuda a Fidel Castro y que éste le ofreció 20 mil cubanos para relanzar sus programas sociales.
Desde el comienzo, los nuevos programas funcionaron fuera de los canales formales del Estado, constituyendo una estructura paralela que no respondía a nadie más que el Presidente en persona. La meta de la misión “Barrio Adentro” era colocar a un médico cubano por cada 250 familias pobres. Las misiones “Robinson”, “Sucre” y “Ribas” ofrecieron educación a todos los niveles, empezando por los analfabetos, mientras que “Mercal” se propuso hacer que la dieta básica fuera accessible al público. Etcétera.
Cuando Chávez ganó el controvertido referéndum revocatorio en 2004, anunció que las misiones serían la base de un orden revolucionario que suplantaría a la república. “No son otra cosa”, afirmó, “que el germen de la nueva institucionalidad”. Los fondos provenían del gigante petrolero estatal: “Gracias al control que ahora sí tenemos sobre PDVSA…tenemos recursos disponibles con planes extraordinarios”. El objetivo de corto plazo era ganar la reelección en 2006.
El de largo plazo, revelado inmediatamente después de conseguida la reelección, era montar un Estado socialista permanente. Cuando en diciembre de 2007 perdió el referéndum constitucional que le habría dado derecho a la reelección permanente, el comandante tuvo que desacelerar un tanto sus planes.
El gobierno inventa que “Barrio Adentro” y “Mercal”, las dos misiones principales, cubren a 70 por ciento de los pobres de Venezuela. El estudio muestra que aun en su mejor momento, en 2004, “Barrio Adentro” no llegó a más del 30 por ciento. Hoy en día sólo llega a uno de cada cinco pobres, mientras que seis de cada diez ciudadanos supuestamente alimentados por “Mercal” son ajenos al programa.
La culpa es de la incompetencia y la corrupción propias de la politización de la pobreza, no de la falta de dinero. PDVSA ha visto sus ingresos aumentar sistemáticamente gracias al precio del crudo. Se estima que el gigante petrolero venezolano genera más de 50 mil millones de dólares al año (las cifras exactas son esquivas porque los libros están fuera del ojo público desde hace años).
Hay una relación inversamente proporcional entre el aumento de los petrodólares y la caída –en cobertura y calidad— de los servicios que paga ese dinero. En la segunda parte de 2007, cuando el petróleo estaba a casi 90 dólares el barril, un 30 por ciento de las clínicas de “Barrio Adentro” cerraron sus puertas. La reducción del número de médicos cubanos a cargo de las clínicas es impresionante: el 60 por ciento se han ido. Todo indica que cuando viajaron a Venezuela para ayudar a Chávez a montar “Barrio Adentro” los cubanos estaban movidos por la fe migratoria antes que la altruista.
En el caso de “Mercal”, el 96 por ciento de los supermercados para los pobres son de propiedad privada: el colmo en un sistema socialista. Las fallas en el sistema de almacenamiento y distribución, y la incapacidad del Estado para impedir que sus propios empleados roben comida y la vendan bajo la mesa a precios mayores, han hecho que las ventas oficiales caigan a la mitad en los últimos dos años. A estos problemas se suma la escasez debida al control de precios y la inflación. El pollo, la carne, los huevos y la leche se han vuelto un lujo. Por ello, uno de cada cinco supermercados han sido cerrados en el último año. Hoy, 65 por ciento de los venezolanos pobres adquieren sus alimentos (si los encuentran) en puestos de venta que no participan en el programa “Mercal”.
Desde hace rato tengo para mí que Chávez perdió el referéndum no tanto porque las masas quisieran democracia como porque las misiones que apelaban a la mentalidad populista de tantos venezolanos resultaron un fiasco. Este estudio me lo confirma.
Alvaro Vargas Llosa es director del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute y editor de "Lessons from the Poor"Tristes paradojas
Por Adolfo Rivero Cano
El Nuevo Herald
El comunismo en Cuba ha vivido en una crisis económica permanente. No es de extrañar. La productividad del trabajo esclavo siempre ha sido baja. Por cierto, aunque los cubanos de hoy viven mejor que los de la colonia, sin duda envidiarían el funche, la comida diaria de aquellos: harina de maíz, plátanos o boniatos junto con casi media libra de tasajo o bacalao. Lamentablemente, sin embargo, la dictadura cubana ha conseguido sobrevivir. La razón ha estado en políticas inefectivas, la popularidad del antiamericanismo y porque siempre ha conseguido quien la mantenga. Primero fue la URSS, ahora es Chávez. Las raíces ideológicas de la revolución no parecen estar tanto en Marx o en Lenin como en Alberto Yarini, el famoso proxeneta habanero de principios del siglo XX.
La miseria y desesperanza del pueblo cubano entrañan terribles consecuencias para el futuro de la nación. Desde hace muchos años, Cuba tiene un crecimiento demográfico cero. En el 2006, el índice de natalidad fue el más bajo en 60 años. Si a eso le sumamos que los jóvenes cubanos están verdaderamente obsedidos por irse del país, no puede sorprender que la población en edad laboral se esté contrayendo. No es por gusto que Raúl Castro esté llamando a los maestros jubilados a reincorporarse a sus trabajos. Pronto también va a tener que llamar a los obreros de la construcción y a los macheteros jubilados. Cuba se está convirtiendo, aceleradamente, en un país de viejos. Las tierras cultivadas de la isla han disminuido en un 33%. Es como si un par de provincias se hubieran convertido en desiertos. ¿Quién va a cultivarlas?
En los últimos meses, esta crisis endémica se ha visto agravada por el súbito aumento del precio del petróleo y los alimentos. Raúl Castro quisiera salir de esta situación porque está afectando los ingresos de la dictadura y dificultando el trabajo de administrar su finca, es decir, la isla. Y piensa hacerlo apretando económicamente a la población. El centro de su último discurso estuvo en anunciar el fin de los subsidios y los servicios gratuitos, y el inicio de los impuestos, particularmente a los pequeños agricultores. Su diatriba contra el igualitarismo y el anuncio de la eliminación de ciertos topes salariales va a tener resultados sumamente limitados. La miseria, el endeudamiento y la ínfima productividad laboral hacen imposible cualquier elevación de los ingresos reales de la población. Por consiguiente, la falta de estímulo para trabajar, el robo y los desvíos de recursos van a seguir más o menos iguales. No hay llamamientos a la burocracia ni incrementos de la represión que puedan cambiar esa realidad.
Es una situación desesperada para el pueblo. ¿Lo será también para la nomenklatura? Seguramente, pensarán algunos, porque le tienen miedo a una explosión social. ¿Lo tendrán realmente? Yo no veo los síntomas de una explosión social por ninguna parte. Hasta ahora, la desesperación de la gente y particularmente de los jóvenes no se ha convertido en un estímulo para luchar contra el régimen sino para irse del país. La ley de Ajuste Cubano y las 20,000 visas anuales para Estados Unidos le garantizan una válvula de escape a los cubanos, y a la dictadura. Es natural que las grandes mayorías no arriesguen la vida o la cárcel si tiene otras alternativas. Mientras no cambie la política de EEUU, lo único que va a cambiar en Cuba es el número de emigrantes. Los disidentes necesitan el respaldo activo de las masas para conseguir cambios significativos. De otra forma, sólo pueden aspirar a sobrevivir.
Protestas sociales forzarían al régimen a hacer cambios políticos, como los que se hicieron en China en la década de los 80. Además de un profundo cambio en su política agraria, el gobierno chino devolvió depósitos bancarios que habían sido confiscados así como oro, bonos y casas de antiguos ''capitalistas'' perseguidos. Esos beneficiados no fueron muchos, apenas unos 700,000, pero las medidas tuvieron una enorme repercusión social. El Partido Comunista estableció el retiro obligatorio de todos los funcionarios, relajó los controles sobre la sociedad civil y facilitó el acceso al capital de las empresas privadas. Por otra parte, cedió poder aumentando el papel del Congreso Nacional del Pueblo. Por aquella época, un desastre en una plataforma petrolera provocó que el Congreso celebrara audiencias en las que testimoniaron funcionarios del Ministerio del Petróleo y que culminaron con el despido del ministro negligente.
Todo esto cambió en 1990, cuando el partido dio marcha atrás y, entre otras cosas, le prohibió al Congreso evaluar a funcionarios del gobierno. Desde entonces se han producido cientos de desastres laborales pero ningún dirigente a nivel de ministro o gobernador de provincia ha sido hecho responsable. El crecimiento económico de China pasó a caracterizarse por el papel de las inversiones extranjeras, fuertemente atraídas por la liberalización de los 80, así como por el despilfarro, la corrupción y un gran desequilibrio interno. Pero China sacó más gente de la pobreza entre 1980 y 1984 que entre 1990 y el 2005.
La gran lección de China ha sido el efecto extraordinariamente dinamizante que puede tener cualquier liberalización política sobre la vida económica. Hasta ahora, sin embargo, Raúl Castro no ha dado ninguna señal de estarla contemplando. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Dónde está la amenaza contra el régimen? El aumento del descontento social no ha significado un aumento de las protestas populares sino un aumento de la lucha por emigrar. Y, en ese contexto, la culpa de los problemas no la tiene la dictadura castrista sino... los Estados Unidos, por no recibir a toda la población de la isla. Tristes paradojas de la situación cubana, producto de una política inconsecuente.
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